El Vengador Anónimo sigue suelto

Uno de los fenómenos colaterales al proceso a Rudy Palma, el periodista que buscaba primicias para Perú 21 ingresando a mails de altos funcionarios públicos, es la reacción del Congreso para criminalizar todo uso irregular de nuevas tecnologías de la información y del internet. La Comisión de Justicia ha aprobado un dictamen que persigue conductas de diversa naturaleza, con  penas desproporcionadas. El castigo previsto para el manejo fraudulento de medios electrónicos de pago es mayor al que establece el Código Penal para la producción de pornografía infantil.

Así, un culpable de intrusión informática –de acuerdo con el dictamen– podría recibir una pena de prisión de entre cinco y diez años. El pornógrafo infantil, en cambio, recibe ahora entre cuatro y seis. El tema es que hay muchos casos de intrusión informática, desde las que son causadas  inadvertidamente hasta las intencionales, que a su vez tienen distintas gradaciones. En el extremo más alto, el delincuente informático pertenece a una red criminal dedicada a robar y modificar bases de datos.

Una revisión del desafortunado dictamen hecha por expertos internacionales concluye que los proyectos de ley que hizo suyos –tres, presentados el año pasado– no consideran estos matices y meten todo en una misma bolsa.

Peor aún, en el dictamen se excluye del derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones la identidad de los titulares de telefonía móvil, los números de registro del cliente, de la línea telefónica y del equipo, el tráfico de llamadas y los números de protocolo de internet. Las empresas de telecomunicaciones e internet están obligadas a ponerlas a disposición de las autoridades policiales y de persecución penal.

También se dice que esto debe contar con autorización de un juez, pero la contradicción debilita la garantía,  condiciona al magistrado y le abre un agujero a una garantía constitucional.

Todas estas propuestas, sin embargo, partieron de un hecho cierto: hay un vacío legal. Tanto así que los jueces tendrán un quebradero de cabeza cuando preparen la sentencia al periodista Rudy Palma. Para comenzar, ¿qué delito cometió?

Es un buen momento para hacer una autopsia del caso porque ya todo está claro respecto de su participación. Lo que falta saber se encuentra cerca de una de las víctimas: el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva.

IMPUTACIÓN AL AGUA

Lo más saltante del proceso es el derrumbamiento de las acusaciones iniciales. La más importante era que Palma extrajo información reservada, que afecta la seguridad nacional, durante los cinco años en los que se metió a los correos electrónicos de los funcionarios públicos en vez de reportear con los recursos tradicionales del periodismo. Esto elevaba su posibilidad de pena de un máximo de dos años establecidos por el Código Penal para la intrusión informática a quince, como tope por revelar  secretos de Estado. No obstante, después de haber revisado todos los archivos que Palma descargó, el Ministerio Público no pudo mostrar uno solo que Palma hubiera difundido y que estuviera clasificado como secreto o reservado.  

Por otra parte, todos los funcionarios públicos a cuyos mails accedió el periodista reconocieron en el juzgado que nunca enviaron por mail una información clasificada como secreta o reservada. Pese a lo cual la 50ª Fiscalía Provincial Penal de Lima y el procurador del Mincetur han apelado la comparecencia restringida concedida al periodista –lo mismo que a su ex jefa y editora de Perú 21 Ginna Sandoval–, con el argumento de que el delito es muy grave por la afectación que producía a la seguridad del Estado. El pedido, por su desmesura, solo es comprensible políticamente, si hubiera posibilidad alguna de resucitar la tesis, alentada por el gobierno, de que apretándole las clavijas a Palma podía encontrarse una pista para incriminar al grupo editorial. Pero al no haber nada en el expediente que lo justifique, está destinado a fracasar.

Además, un criterio judicial para restringir la libertad de un procesado es el riesgo de que escape a la justicia, inexistente en el caso de Palma porque ya tiene una nueva ocupación laboral tras su despido de Perú 21. Otro criterio es que pueda manipular, una vez en libertad, instrumentos valiosos para el proceso, para lo cual tendría que tener los conocimientos de un hacker. Sin embargo, la jueza Lorena Alessi, del 50° Juzgado Penal de Lima, se convenció de que sus conocimientos en informática eran elementales. Lo cual lleva a otro detalle: los mails de funcionarios públicos a los que ingresó no estaban adecuadamente protegidos.

CORREOS ABIERTOS

Palma ofreció una versión que inicialmente pareció inverosímil. Dijo que podía ingresar a mails de ministros, viceministros y otros jefazos de la administración pública con solo emplear como contraseña las iniciales de su primer nombre, más su primer apellido completo, más el resto de caracteres de la dependencia pública que le interesaba. Algunas veces funcionaba, otras no, y lo sorprendente era que acertaba en muchísimas ocasiones.  Esta versión fue muy atacada al comienzo, bajo el supuesto de que el periodista era un avezado intruso informático. Pero el jefe de la red y servidores del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Jimmy Fajardo,  brindó una versión esclarecedora en las etapas preliminares de la investigación.

Este funcionario describió el procedimiento que se sigue para asignar correos electrónicos y contraseñas al personal del ministerio. Una vez asignada una dirección, se le entrega una contraseña al titular. Esta lleva la inicial del nombre del funcionario más su primer apellido. Exactamente como la escribía Rudy Palma para ingresar a las cuentas de sus víctimas.

Según Fajardo, su oficina le daba instrucciones a cada funcionario para que cambiaran su contraseña en la primera ocasión que ingresaran a su cuenta. Y reconoció que muchos funcionarios no lo hacían.

Cuando se le preguntó por qué él, como parte de su función, no verificaba que el cambio de contraseña se hubiera producido, reparando así la negligencia de los titulares de las cuentas, Fajardo fue tajante:

–No puedo hacerlo porque estaría violando las comunicaciones privadas del funcionario –dijo–. Eso me está prohibido.

El caso desnudó la falta de mecanismos de protección de los documentos que circulan electrónicamente en la administración pública. Recién después de conocida la intrusión de Palma el gobierno ordenó el uso obligatorio en el Estado de una norma técnica sobre seguridad de la información.

CRIMEN FANTASMA

La fase siguiente del juicio a Rudy Palma va a suscitar discusión pública por los argumentos que empleará para defenderse. Su abogado, Roberto Pereira, dirá en el juzgado que el supuesto delito por el que se le acusa no está tipificado y que por lo mismo no podrá ser sancionado. Juega al vacío legal.

Fuera de lo judicial, esta tesis choca con el hecho de que la conducta de Palma fue  evidentemente reprensible y reñida con los principios básicos del periodismo. Pero la discusión ética o profesional, en la cual también cabe poner en cuestión los mecanismos de supervisión del medio, está fuera del ámbito penal. Lo que  los jueces van a considerar son actos lesivos al patrimonio del Estado cometidos por el periodista. La base de cualquier condena remitirá a la ley.

Para sentenciar a Palma debe emplearse el Código Penal en lo referido a intrusismo informático. Que a la letra penaliza el acceso o modificación de bases de datos o sistemas y no se refiere de manera expresa al acceso a correos electrónicos. Otro delito, el de violación de correspondencia, cuyo texto actual entró en vigencia en 1991 pero que fue debatido en los años ochenta –cuando los legisladores no usaban internet– está pensado para las cartas enviadas por correo tradicional entre privados". Palma no modificó bases de datos ni violó correspondencia privada en los términos en que la ley ha sido escrita. Más aún: todos los documentos adjuntos que trasladó a su computadora podían haber sido solicitados por la ley de acceso a la información, pues su naturaleza no reservada lo permite. En algunos lugares de los Estados Unidos un ciudadano puede acceder a los mails de funcionarios públicos –quienes no usan la red estatal para comunicaciones privadas– y en otros países se discute si esta avanzada transparencia informativa debe ser adoptada.

En otras palabras, aunque el sentido común indica que Palma tuvo un comportamiento ilícito, su conducta, judicialmente hablando, es atípica. Para sentenciarlo por violación de correspondencia los jueces tendrían que decir que incurrió en una figura similar. Pero la similitud está proscrita para culpar a alguien. Este es el punto donde se aprecia con mayor nitidez la insuficiencia legislativa para enjuiciar la apropiación no autorizada de información estatal que descansa en correos electrónicos de funcionarios públicos.

EL VENGADOR ANÓNIMO

A todo esto, el hecho que originó la investigación permanece en el misterio. Recuérdese que el caso comenzó cuando les llegaron al ministro Silva y a un grupo de funcionarios delMinisterio de Comercio Exterior y Turismo unos mails con material proveniente de sus comunicaciones personales. En los mails se habla de la relación extralaboral que mantendría el ministro con determinada funcionaria, a la que no menciona.  Llegó después otro mail a la esposa del ministro con parte de los contenidos anteriores.

El ministro sostuvo que los mensajes fueron distorsionados para que pudieran sugerir conducta impropia. La policía, a su vez, atribuyó los mensajes a un intento de extorsión.

Cuando Silva denuncia el hecho a la policía a fin de determinar desde dónde y cómo operaba el extorsionador que se hacía llamar G. Carrillo –usaba varios mails que combinaban ese nombre–, las investigaciones descubren que, efectivamente, el mail de Silva había sido ilícitamente penetrado desde el exterior desde una cuenta que pertenecía a Prensa Popular, la empresa del Grupo El Comercio que edita Perú 21. Esto llevó a la computadora de Rudy Palma. Pero en modo alguno la policía descubrió al autor de los mails supuestamente extorsivos.

Del autor de las comunicaciones originales solo se puede presumir que es alguien del entorno personal, laboral o profesional de Silva. Pues en los mails dirigidos a su esposa hace comentarios sobre su apariencia o la vestimenta que ha empleado en determinada ocasión. Son textos que claramente buscan malquistar al ministro con su esposa a partir de una cierta posición de cercanía. Aunque se ha presumido extorsión, tampoco se saben a ciencia cierta los móviles o si pidió algo a cambio de abstenerse. Podría tener exclusivamente el objetivo de producir alguna afectación personal.

La policía pidió a la empresa administradora de Google el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la cuenta del Vengador Anónimo, a la espera de pistas sobre su ubicación. No es seguro si por esta vía las obtenga. Lo cierto es que él continúa activo. En efecto, cuando Silva fue a declarar ante el juez, en una de las diligencias de agosto, le preguntaron si había vuelto a recibir comunicaciones adicionales a las que figuraban en el expediente.

–Sí –respondió el ministro.